Entre sobresaltos políticos, inseguridad, consorcios fantasmas y el costo de vida, emergió una punzante noticia.
La Sunass, ente regulador del abastecimiento de agua potable, anunció el aumento tarifario por el servicio.
Promueve un decreto del Ministerio de Vivienda que la obliga a realizar el rebalanceo tarifario de las empresas prestadoras.
El primero en levantar la voz de protesta ante un intento que afecta a toda la ciudadanía, fue el alcalde de Trujillo, Mario Reyna.
Envió un oficio a la Sunass protestando contra la absurda propuesta.
“Es injustificado y perjudicial para la economía de los usuarios, cuando muchas familias enfrentan dificultades económicas”, señaló.
Agrega que: “El agua es un recurso vital y un derecho fundamental. El Estado reconoce a toda persona acceder a ella en forma progresiva y universal”.
“El acceso al agua no debe estar condicionado por aumentos tarifarios que no van acompañados de mejoras en la calidad del servicio”, sentenció.
Por su parte, el presidente del Directorio de Sedalib, Frank Sánchez, expresó su desacuerdo con el posible incremento tarifario.
En la reciente audiencia pública virtual, defendió la posición de la empresa y denunció que no hubo intercambio de información con la Sunass.
Lógico. Cualquier medida que comprometa a millones de personas, no puede imponerse de manera unilateral.
Exige análisis previo. Diálogo alturado. Primordiales en democracia. Ver la coyuntura. E intuir el impacto que tendría en la colectividad.
A pesar de la estabilidad económica y las reservas internacionales, gracias al BCR, millones sufren con la canasta familiar.
No es como cree la presidenta, quien vive en una burbuja. Lejos del temor al salir de casa o la duda antes del mediodía: Y ahora. ¿Qué cocino…?
La ciudadanía apoya el reclamo de las autoridades. ¿Nos escucharán…?
