La ciudadanía espera que las medidas adoptadas por el gobierno contra el delito tengan el éxito deseado.
Por
eso llamó la atención que Pablo Kuczynski no se haya referido directamente a
ellos en su discurso inaugural.
Ya
en el poder, la cruda realidad lo obligó a colocarlos en el renglón principal de
la agenda presidencial y trabajar al lado del ministerio del Interior.
Solo
así se explica que sea una de las aurorales decisiones del Ejecutivo al amparo
de las facultades legislativas solicitadas al congreso.
Concedidas
las prerrogativas, salen los primeros resultados con el objetivo de reducir el
uso y tráfico de armas de fuego.
Habiéndose
comprobado que el crimen organizado emplea armamento con peligrosa facilidad, su
tenencia ilegal es considerada como delito flagrante.
La
norma establece prisión de seis a diez años al que fabrique, comercialice,
preste, alquile, facilite o porte armas, sin estar autorizado. Antes, era
menos.
Cuando
el elemento bélico o bienes prestados o alquilados sean del Estado, la sanción
privativa será de ocho a doce años .
Por
su parte, los policías, militares o personal penitenciario comprometidos
tendrán una penalidad entre diez a quince años de prisión.
Un
artículo especial, señala que los condenados por sicariato no podrán acceder a
beneficios penitenciarios, semilibertad, libertad condicional, ni redención de
la sanción por el trabajo y la educación.
El
dispositivo aumenta los castigos por
homicidio calificado, sicariato, conspiración, secuestro, trata de
personas, delitos contra el patrimonio,
tráfico ilícito de drogas, reglaje y lavado de activos.
Estas
medidas modifican el Nuevo Código Penal superando los serios vacíos legales
vigentes durante las últimas décadas.
SATÉLITE,
a la vanguardia de los medios de comunicación, abordó este delicado tema en
sucesivos artículos.
Dedicó
su espacio editorial a remarcar que la legislación penal nacional, en algunos
aspectos, estaba desfasada y necesitaba actualizarse.
A
nombre de la ciudadanía, solicitamos el pronunciamiento de los entes rectores
de la justicia, así como de los juristas y expertos en la materia.
No
obstante que la violencia se incrementaba de manera significativa, encontramos
muy poca respuesta.
Gobiernos
y congresos anteriores reaccionaron en idéntica forma. Mostraron escaso interés y una angustiosa
tibieza ante este sensible asunto.
Despreocuparon
el análisis de la problemática en su verdadera dimensión, peor aún en la
búsqueda de los canales de solución.
Las
modificaciones anunciadas hace unos días por la actual administración gubernamental,
nos dan por completo la razón.
No
es todo. Falta aún más. Como la minuciosa revisión de las condiciones para
liberar detenidos y el mismo arresto domiciliario.
O
el caso de los menores de edad que delinquen y sus equivocadas acciones son
consideradas como faltas y no como delitos.
Esperamos
que el gobierno continúe enfrentando este grave fenómeno social y efectúe los
correctivos atendiendo el clamor popular.
Y,
sobre todo, que tenga el éxito deseado por la ciudadanía que anhela un futuro
inmediato con días soleados de tranquilidad y paz...
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