Aplicaciones irregulares y revelaciones sucesivas de funcionarios y ciudadanos vacunados a escondidas, signaron la semana anterior.
Actos
en beneficio personal, pese a que trataron de ser justificados, generaron la
indignación general.
Consideraban
inconcebible que mientras profesionales de la salud del primer frente se contagiaban
y morían, otros se vacunaban en privado
Francisco
Sagasti, el presidente, fue el primero en condenar tal acción.
"A
la crisis sanitaria, política y económica, se ha unido la crisis ética y
moral...", sentenció.
La
Fiscalía, Contraloría, Procuraduría Anticorrupción y el congreso, compiten en
las investigaciones.
Pese a que
candidatos al parlamento figuran entre los implicados, el Jurado Nacional de
Elecciones se mantuvo en silencio.
El
suceso es inédito y se vincula a la pandemia que azota al Perú y el mundo de
manera inmisericorde.
Su
repercusión obligó al gobierno a separar del cargo a dos ministras y personal
de la Cancillería.
El alcalde
de Lima fue el primero en rescindir contrato al director del hospital
Solidaridad.
En el
ambiente académico, el escándalo costó la cabeza del rector y dos vicerrectores
de la Universidad Cayetano Heredia.
El
centro superior de estudios, que convocó el mayor número de ensayos clínicos de
Sinofharm, suspendió al director del área.
Por su
parte, Sagasti adelantó que una de las penalidades a los implicados podría ser
la inhabilitación para desempeñar cargos públicos.
Las
pesquisas en el país duran más de lo previsto. Es prematuro anticipar
penalidades. Solo queda esperar el dictamen.
Sin
embargo, el veredicto podría ir acompañado de una sanción económica.
Lo
recaudado sería utilizado en solucionar una grave deficiencia en la lucha
contra el covid-19.
Es
decir, la adquisición de plantas de oxígeno medicinal cuya falta nos sigue
costando miles de vidas...
