Dirigentes y candidatos a cargos públicos serán los primeros en levantar su voz de protesta al leer este artículo.
Dirán
que es una blasfemia político-jurídica.
Pero,
si aspiramos un Perú con autoridades limpias, sin mancha y transparentes, solo
queda acabar con lo existente.
Porque
numerosos aspirantes mienten en las hojas de vida ocultando sus enredos con la
justicia.
Figuran
entre ellos quienes afrontan procesos o son investigados por supuestos actos
irregulares.
Basados
en la ley electoral y la presunción de inocencia, están aptos para postular a
cualquier cargo.
Aparte
del Legislativo, alrededor de media docena de postulantes a la presidencia son
investigados.
Por esa
absurda facultad, a solo dos meses de los comicios, un pretendiente a palacio
perdió a su abogada en plena audiencia.
El informe
periodístico sobre la presunta compra de un testigo, desencadenó el insólito
hecho.
En
defensa de su reputación, la letrada dejó plantado al acusado.
Esa
disposición electoral está en vigencia. Y, por el bienestar de los peruanos
debe modificarse.
Reemplazarla
por una cláusula que impida pretender la presidencia, congreso, gobierno
regional o alcaldía a quienes afronten juicios.
No al
principio de inocencia en la política por las graves implicancias que genera. Y,
si la justicia los absuelve, se dirá.
Es
cierto. El problema viene después. Cuando la autoridad o legislador es
sentenciado.
Hay ejemplos
por montones. Los trujillanos seremos los primeros en levantar la mano, si nos
piden nuestra opinión.
La
solución está en nosotros. No a los investigados. Así evitaremos tropiezos en
el futuro.
A los
interesados. Esperen que la justicia termine su labor y emita el veredicto
final.
Ya libres
de culpa y, sin sobresaltos, postulen en las próximas elecciones. ¡Y rómpanse
por el Perú...!
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