La reforma electoral debió impedir postular a los cargos públicos a los sentenciados o denunciados hasta que solucionen su situación. (Congreso).
Es incuestionable que la Comisión de Fiscalización del congreso destaca entre las más activas.
Presidida
por Edgar Alarcón, ex Contralor de la República, sus miembros cumplen aceptable
labor.
La
tarea se notó desde que citó a Richard Cisneros, por los jugosos contratos con
el ministerio de Cultura.
Su
testimonio relacionó a Mirian Morales, secretaria de palacio de gobierno y la
asistente Karen Roca.
La mención
de cada una condujo a comprometedores informes periodísticos vinculados a
familiares y personas cercanas.
Ambas fueron
convocadas por dicha comisión. De manera simultánea, la Fiscalía les abrió
investigación.
Hace
una semana, un programa televisivo limeño abordó sobre los contratos con el
Estado de un pariente próximo al presidente.
La cita
del viernes por Fiscalización del congreso, fue postergada.
Un día
antes, Fiscalía de la Nación desempolvó dos antiguas querellas del 2017 contra Alarcón.
Una, por
enriquecimiento ilícito derivado en un desbalance superior a los dos millones
800 mil soles.
Otra, por peculado doloso, usando
fondos de la caja chica, que generó un perjuicio económico de casi medio millón.
El congresista pidió al presidente del
legislativo levantarle la inmunidad y tendrá que encarar a la justicia.
No obstante, la indagación sobre esas
presuntas irregularidades cometidas se inició antes de ser candidato.
Es posible que su caso no sea el único
y existan otros legisladores con similares acusaciones.
Postularon cuando se permitía a
quienes tenían la, recién eliminada, sentencia en primera instancia.
Por eso, la aplaudida reforma
electoral debió incluir a investigados y hasta denunciados para evitar procesos
como Alarcón.
Los aspirantes tendrían que esperar el
veredicto final. Si son inocentes, quedarán aptos para los comicios siguientes.
La responsabilidad recae en
candidatos, partidos políticos y la ciudadanía con un voto consciente y
desinteresado.
Hoy, más que nunca, el Perú necesita
gobernantes, legisladores y funcionarios idóneos y transparentes...
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