Los procesos judiciales del alcalde han generado una situación insólita en la historia de Trujillo. (Grado Cero Prensa).
En la
historia de Trujillo, nunca hubo una autoridad edilicia como la actual. Con problemas
judiciales.
Amparado
en una absurda legislación electoral, postuló y logró la alcaldía provincial.
Tenía
la experiencia como burgomaestre de La Esperanza durante tres períodos.
Siendo
aspirante, arrastraba denuncias en contra. Pero, la inexplicable ley, le abrió
las puertas para candidatear.
Con
conocimiento, o por ignorancia, recibió el respaldo ciudadano y asumió la
alcaldía.
Fiel a
sus convicciones, trajo consigo empleados que lo acompañaron en sus anteriores
gestiones.
Antes
de cumplir un año en el nuevo cargo, recibió la sentencia de cuatro años de
prisión suspendida en segunda instancia.
Se le
acusa de irregularidades en la compra de accesorios para bloqueadores de
celulares a instalar en el penal el 2012.
Suspendido
en las funciones por los regidores, continúa ejerciendo. Mientras, su destino
salta de un tribunal a otro.
En
medio de esa encrucijada, afronta otro juicio por la presunta sobrevaloración
en el alquiler de baños químicos el 2017.
La
Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, cuyo nombre original es kilométrico,
solicita una sanción de 4 años 8 meses de prisión.
Se
sustenta la acusación en que, posiblemente, pagó 78 mil soles por alquilar
cinco baños químicos que costaban dos mil.
Es
incuestionable que toda acusación judicial es una preocupación para la persona
inculpada.
La
situación trasciende cuando se trata de una autoridad que, por excelencia, debe
concentrarse en sus funciones.
También
es entendible la necesidad de coordinar la defensa con sus abogados. Pero eso,
lo distrae.
Y, al
final, la ciudadanía es la perjudicada.
El caso
ocurre justo cuando el Legislativo debate impedir postular a cargos públicos a
los sentenciados en primera instancia.
¡Qué
ironía...! El alcalde no termina un juicio y ya tiene otro. ¡Sin proponérselo,
batió un récord...!
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