La
actividad económica nacional y extranjera está regulada por distintas disposiciones
y convenios.
Ese
aspecto es fundamental y debe respetarse cada vez que un Estado firma contratos
con empresas del orbe.
Incumplir,
por uno u otro motivo, el mandato establecido genera el lógico reclamo de
quienes se consideran perjudicados.
En ese
sentido, un estudio del Transnational Institute reveló que, el año pasado, Perú
fue el país más demandado del mundo.
La
respectiva documentación en contra de nuestro país, fue presentada ante
tribunales internacionales.
Señala
el informe en mención que el 2020, Perú acumuló veinticinco peticiones de
inversionistas foráneos.
Del
total, trece expedientes están en trámite de resolución.
Según
la misma investigación, las solicitudes pendientes suman montos de
indemnización por 4,250 millones de dólares.
El
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias en Inversiones y la Corte de
Arbitraje Permanente recibieron, el año anterior, 6 casos contra Perú.
Superó
así a otras naciones que fueron requeridas por similares gestiones.
En
torno a nosotros, el ochenta por ciento de los reclamos se realizaron por inversores estadounidenses, canadienses y
europeos.
Al
respecto, el treintaiséis por ciento de las querellas están vinculadas a la minería, petróleo y
gas.
Casi la
totalidad de las demandas fueron planteadas en función del mecanismo de
Solución de Disputas Inversor Estado.
Dicho
procedimiento está incluido en Tratados Bilaterales de Inversión y los Tratados
de Libre Comercio vigentes.
Entre
otras empresas demandantes, figuran las conocidas Odebrecht, Cerro Verde,
Enagas y Kuntur Wasi.
El virtual
gobierno, que asumirá en unos días, tiene en su ideario la revisión de los
contratos con las compañías del mismo rubro.
Esas
acciones y decisiones deben guardar la ecuanimidad. Ser sensatas y razonables.
Así
evitaremos que esta infausta calificación internacional nos continúe
avergonzando...
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