El
2 de octubre próximo iremos a las urnas para elegir gobernadores regionales y
alcaldes.
Se
vocean candidatos y especula con algunas anticipadas encuestas.
Como
siempre, el interés y entusiasmo parte de los postulantes y sus simpatizantes.
Y
se escucha el eterno estribillo. “Trabajar
por mi región, provincia o distrito…”.
Sucedió
lo mismo hace cuatro años con las autoridades cuyo período debe terminar a fin
de año.
Fatalmente,
en cuanto a los gobiernos regionales, 22 de los 25 gobernadores tienen procesos
abiertos. ¡Para no creerlo…!
La
fiscalía los investiga por presuntos delitos de peculado, colusión y crimen
organizado.
Tuvieron
que dejar sus cargos. Unos fueron suspendidos. Otros, detenidos y sus viviendas
allanadas.
Los
gobernadores exentos de investigación alguna son Mesías Guevara (Cajamarca),
Pedro Bogarín (San Martín) y Manuel Llempén (La Libertad).
Algo pasa en la región Áncash. Es una zona
que requiere un análisis especial y profundo.
Desde el 2014 tuvo
una insólita cifra de autoridades. Ocho gobernadores.
De ellos, seis son
procesados por presunta corrupción.
Juan Morillo,
elegido para el periodo 2019-2022, cumple prisión por colusión y su sucesor,
Henry Borja, es investigado.
Es lo peor que le
puede ocurrir a una región por no saber elegir. Para colmo, el antecesor de
todos César Álvarez (2007-2014), está preso.
.La
situación para unos alcaldes tampoco es muy alentador. Afrontan parecidas indagaciones
Trujillo
es una muestra. Daniel Marcelo, quien inició funciones el 2019, fue sentenciado
año y medio después. Está prófugo.
Otras provincias y distritos
del país padecen similar problema.
Es
indudable que estos negativos hechos atentan contra el desarrollo integral del
Perú.
Gobernadores
y burgomaestres fueron consagrados en democráticos procesos.
Sus
electores y la ciudadanía quedaron defraudados. Y, todos sufrimos las
consecuencias.
Aprendamos
del error. En los próximos comicios, elijamos a los mejores y más honestos.
¡Prohibido equivocarse...!
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