Acaba
de aparecer a la luz una legislación que cubre, a medias, un enorme vacío en la
política nacional.
Es la
ley de idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública.
Está
orientada a que los cargos del Ejecutivo y Legislativo sean desempeñados por
personas intachables.
Es
decir, por los profesionales más calificados y portadores de una elevada
solvencia moral.
Las
exigencias son comprensible teniendo en cuenta la enorme responsabilidad de
quienes deben conducir el país.
El
dispositivo contempla a los viceministros, secretarios generales, titulares, gerentes
regionales y municipales.
También
incluye a los funcionarios de libre designación considerados en los puestos de
confianza.
En todos
los casos se fijan lineamientos mínimos como estudios, experiencia laboral y
las respectivas restricciones.
Entre
las prohibiciones figuran sentencia en primera instancia por delito doloso o
inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Los
viceministros deben tener formación superior, 8 años de experiencia general y 5
específica en puestos directivos o jerárquicos.
Similares
parámetros rigen para secretarios de ministerios, titulares o adjuntos.
Para
los gerentes y directores regionales se requiere 5 y 3 años de experiencia
general y específica. 4 y 3 en los municipios.
Los
servidores de confianza necesitan estudios superiores, 7 y 4 años de
experticias y no exceder el 5 por ciento del personal.
Sin
embargo, sorprende que la flamante norma no establezca los mismos u otros requisitos
para cargos más importantes.
Es el
caso del presidente, ministros, congresistas, gobernadores regionales y
alcaldes.
Se
entiende que, por el compromiso y la naturaleza de su función, las exigencias deben
ser mayores.
Si
anhelamos un país mejor, orientado en la ruta del desarrollo y el progreso,
deben gobernarnos los más preparados y transparentes.
Necesitamos
autoridades honestas que, al margen de intereses o ideologías, trabajen por su
único partido que es el Perú...
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