La Corte Superior de Justicia de La Libertad dispuso que el Gobierno Regional promulgue una trascendental ordenanza.
El dispositivo establece que el
Consejo Regional puede interpelar y censurar a los funcionarios.
Según el consejero Robert de la Cruz,
está dirigida a los empleados públicos "corruptos e incapaces que no
cumplen con las expectativas de la población”.
La norma incluye la salida de
gerentes, subgerentes, jefes de oficina y directores de proyectos que no logren
la aprobación respectiva.
Otorga, además, al gobernador un plazo
de 48 horas para que designe a un nuevo funcionario “bajo responsabilidad”, en
caso de incumplimiento.
Los
consejeros ratificaron la ordenanza en diciembre del 2020, Sin embargo, no fue
firmada, ni ratificada.
Greco
Quiroz, consejero regional de entonces, presentó una acción de cumplimiento,
para hacer respetar la labor de control del Consejo Regional.
La
demanda calificó a favor en octubre pasado y fue notificada el 4 de noviembre.
Al respecto, el gobernador anunció que apelará el fallo, pues,
desde su perspectiva, significaría inestabilidad en la gestión.
A mediados de la semana anterior, el procurador regional confirmó que la resolución judicial es inapelable.
Comprendemos
la confianza que el gobernador tiene en el personal que lo acompaña en su
administración.
Pero,
hay un popular refrán que dice:"Caras vemos, corazones, no sabemos".
Le agregamos "Capacidad, tampoco".
La
relevancia de un título profesional se demuestra. Ante ello, la fiscalización,
que está normada, es un imperativo.
Bien
por los funcionarios eficientes. La inestabilidad es originada por la ineptitud,
hermana del atraso. Y, si se excluye, ganamos todos..
El
progreso de La Libertad está en juego. Acatar la orden judicial es lo más sensato.
Pronto comprobaremos que fue la mejor decisión...
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