Perú, pese a los aceptables índices económicos, adolece de ciertos problemas que corroen sus entrañas. Y le hacen perder la fe a la ciudadanía.
Circunstancias
presidenciales no aclaradas. Un ministro que enjuicia al ente que lo investigan
y funcionarios que se aprovechan de sus cargos.
Añadido.
Un Congreso que desvaría. En este disloque, la criminalidad encuentra el camino
accesible para acechar a sus víctimas.
Ante
este patético panorama, el Poder Judicial y la Fiscalía claman por un
presupuesto que les permita ejecutar su trabajo a plenitud.
A
pesar de las limitaciones, el Ministerio Público condenó, el año pasado, a
2,078 personas implicadas en lamentables casos de corrupción.
El minucioso
trabajo corresponde a las Fiscalías Especializadas en
Delitos de Corrupción de Funcionarios. A nivel nacional.
Las cifras figuran en el Balance Estadístico
de la Coordinación Nacional del subsistema del Ministerio Público,
Ahí se establece que, entre los 1,569
servidores y funcionarios con mayor cantidad de condenas, hay 23 gobernadores
regionales.
Fallos judiciales similares, comprometen
a 169 gerentes, 179 policías, 91 alcaldes
y otros.
Los delitos más comunes fueron peculado doloso apropiación,
cohecho activo (coima) y negociación incompatible.
Se registraron 121 medidas de prisión preventiva y
ejecutaron 67 operativos y megaoperativos en el país, autorizados
judicialmente.
El monto de reparación civil a favor del Estado, a raíz de las
sentencias condenatorias, asciende a más de 100 millones de soles.
Los distritos fiscales con más condenas son Cusco (90),
Lima Norte (88) y Arequipa (56).
Para variar. Por presunta recepción de una coima de 5,000 soles para favorecer a un empresario minero, fue detenido un consejero de La Libertad.
Todo por el vil dinero. Que perturba
conciencias. Deslumbra a ilusos sin principios, ni valores. Y, desviado en sus
fines, es una traba para el progreso...
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