Uno de tantos defectos de la Ley Electoral, es permitir que ciudadanos con procesos judiciales vigentes, prostulen a cargos públicos.
La cifra de candidatos en estas
condiciones se incrementa con el tiempo, debido al vacío existente en la
legislación.
Los interesados y quienes apoyan este
equivocado criterio, se sustentan en la presunción de inocencia.
Pero, está probado que ese principio
no tiene aplicación en la política.
En caso que el investigado sea elegido
y, más tarde, la justicia lo declara culpable, tiene que dejar la función.
Trujillo ya pasó por esa difícil
experiencia. En el último quinquenio, sucesivos alcaldes fueron sentenciados y
quedaron fuera.
Mucho antes, en esta página Editorial,
SATÉLITE inició una solitaria campaña para evitar que postule gente con procesos
legales en curso.
Hemos publicado artículos en ese
sentido con frecuencia.
No hubo eco. Los congresistas siguen
enfrascados en busca del día de la papa, el camote o la salsa. Menos tratar
aspectos vitales de la democracia.
Hace unos días, dos partidos políticos
dieron muestras de asumir la situación con cierta seriedad y responsabilidad.
Avanza País informó que suspendió la
afiliación del excongresista César Combina, por tener procesos legales
pendientes.
La medida fue
adoptada para proteger la imagen de la agrupación ante posibles “intentos de
tergiversación política o malintencionada”.
Por su parte, el
Partido Popular Cristiano suspendió la militancia de Fernando Cillóniz y dio
por concluida su precandidatura a la presidencia.
Indicó que el exgobernador regional de Ica reveló que es
director independiente de dos empresas de propiedad de Odebrecht.
No presentar candidatos con procesos
judiciales vigentes, es una forma de reafirmar el compromiso con la ética, honestidad
y el respeto al ciudadano.
Es importante informar al elector
sobre esto, antes de emitir su voto...
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