En difíciles momentos como los que vivimos, uno de los desafíos del gobierno, es combatir la inseguridad ciudadana.
Y, en
lugar de centrar su atención en enfrentar el problema, dirigió su mirada a los
medios de comunicación.
Anunció
un proyecto que creaba una franja informativa para difundir, en estados de
emergencia, las actividades que realiza el Ejecutivo contra el delito.
Según
la propuesta, el espacio duraría 40 minutos al día.
Boluarte
había manifestado: “Es importante que los
peruanos conozcan cada día, cada hora las acciones en la lucha contra la
criminalidad",.
El Ejecutivo justificaba su pretensión indicando que los medios de comunicación estatales "no son suficientes".
Solicitaba
el "apoyo que nos pueden prestar los medios privados. La intención no
es imponer, ni obligar, solo desarrollar el deber de
colaboración".
Sin
embargo, ningún pedido de apoyo está
sujeto a condiciones. Como establecer días y horas.
Congresistas de diferentes bancadas se
mostraron en contra del plan. Estimaron que era un golpe a la democracia: "Como en
las dictaduras".
Gremios
periodísticos y expertos calificaron la idea como propia de gobiernos
autoritarios.
El controvertido
planteamiento apenas duró unos días. No soportó la crítica adversa. Quedó suspendido "por equivocada percepción".
No señores. No hubo ninguna equivocación. Fue una demanda imperativa. Impropia en sistemas democráticos.
Sorprende que, en el nivel
de la presidencia y ministerios, con asesores que ganan miles de soles, ocurran
estos desaciertos.
El gobierno tiene la
obligación de garantizar la seguridad ciudadana con todos los recursos a su
disposición.
Dejen
tranquila a la prensa. Que posee suficiente capacidad para valorar y catalogar
una noticia. Sin la sesgada guía del Estado...
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