Betssy Chávez está procesada por la Fiscalía como coautora del delito de rebelión por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Tuvo prisión preventiva y se le solicita una pena de 25 años de cárcel.
Fue excarcelada porque el Tribunal Constitucional anuló la medida al prolongarse fuera del plazo legal. Es investigada en libertad con restricciones.
Lo que llamó la atención fue que, tan pronto abandonó el presidio, intervino el congresista de su misma línea política, Roberto Sánchez.
Con asombrosa celeridad, presentó un requerimiento de personal para contratar a Chávez como asesora de confianza.
Basaba su petición resaltando que es "titulada, tiene maestría y formación profesional".
¿Con tanta facilidad los miembros del Congreso pueden solicitar contratar a una persona cuando se les antoja…? Como si fuera su casa o empresa.
Cada congresista tiene 7 asesores. Que es demasiado para lo que hacen. Con ella serían 8. ¿Era lícito…? O iba a despedir a alguien.
José Jerí, presidente del Congreso, descartó la aspiración de Sánchez, porque es una congresista suspendida. ¿Y si no estuviera suspendida…?
Resulta contraproducente que quien es procesada como cómplice de un golpe de Estado, sea admitida en el hemiciclo.
Reprobable actitud de Sánchez, leal amigo y seguidor de Evo Morales, que trasluce cómo el fanatismo político podría perjudicar al Legislativo.
Los legisladores no son los dueños del Congreso para actuar y disponer de los puestos a su gusto.
Esa absurda pretensión evidencia una falta de respeto y una vulneración a los principios elementales en el ejercicio de la función pública.
Los que exigen al congresista, entre otras obligaciones, el compromiso de contar con asesores idóneos, honestos y con valores.
Aquellos que quieran lo mejor para el Perú y su gente…
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