Convulsionó Trujillo después del mediodía del pasado jueves. Daniel Marcelo, el alcalde de la ciudad, había sido sentenciado.
Cuatro
años de prisión suspendida y el mismo tiempo de inhabilitación para ejercer la
función pública, es la pena.
El
delito. "Negociación incompatible en perjuicio del Estado" por el caso
"Bloqueadores". Cuando era
burgomaestre de La Esperanza.
La
sanción fue impuesta por la Sala de Apelaciones Transitoria de la Corte
Superior de Justicia de La Libertad.
En
esta forma la gestión edilicia de Marcelo, iniciada en enero debiendo cumplir
un período de cuatro años, se vería interrumpida.
Él, por
su parte, no aceptó la decisión de la sala y acudirá a una instancia superior
en un recurso de casación.
Este
suceso no es el primero. Desde hace meses, alcaldes provinciales, distritales y
gobernadores, fueron condenados por acciones irregulares.
Unos
pagan sus culpas en un penal. Otros huyeron de la justicia. Permanecen entre
las sombras. Son "No habidos".
Las
graves circunstancias existen desde que se inició una severa lucha contra los
actos de corrupción en el sector público.
Esto
induce al análisis sobre la tan mentada transparencia exigida a los partidos
políticos.
Al
elegir a los militantes que aspiran ocupar cargos públicos, abstenerse de
considerar a gente investigada.
La
indagación al interno debe ser extrema. Por el bien del interesado, como por la
seriedad y prestigio del partido.
Y,
encima de todo, el respeto y consideración que se merece la ciudadanía.
Otro
de los filtros sería el Jurado Electoral al contrastar la hoja de vida de los
postulantes.
Así
se podrá separar a quienes se encuentran con procesos vigentes. Tema a revisar en
la futura reforma política.
Eso evitará el ambiente de inestabilidad como
el que ahora vivimos los trujillanos.
Valla
final es responsabilidad del votante. Ante un candidato con proceso en curso,
marcar otra opción. Al final, el elector tiene la última palabra...
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