Una
sentencia del Poder Judicial remeció Trujillo la semana anterior.
El exalcalde
de la ciudad, Daniel Marcelo, fue condenado a 4 años 8 meses de prisión efectiva
por el juicio "baños químicos".
Es
acusado de negociación incompatible por la sobrevaloración de tales implementos
el 2017, siendo burgomaestre de La Esperanza.
Se
detectó el pago de 78 mil soles por el servicio de cinco, cuando en el mercado
era ofertado a dos mil.
Cuatro
funcionarios implicados, fueron igualmente sancionados.
Un
veredicto anterior lo separó como alcalde de Trujillo por el fallo "bloqueadores",
consistente en 4 años de prisión suspendida.
Marcelo
era investigado cuando postuló al sillón municipal. En abril del 2019 fue
procesado en primera instancia, ratificada en noviembre.
Una
novísima ley impide tentar la función pública a los sentenciados en primera instancia.
La
presencia de investigados que buscan ser autoridades o congresistas, es
frecuente en el país.
Ahora
mismo, hay un legislador que anhela la presidencia pese a tener una indagación por
la muerte de un periodista.
Basados
en la presunción de inocencia como premisa jurídica, es permitido en el Perú postular
a los investigados.
Ante
eso, toda la responsabilidad recae en cada partido político y los propios
candidatos.
Los
primeros, mediante el óptimo uso de los filtros de valoración ética y detallada
declaración jurada.
Sincerarse
con quienes tienen conflictos judiciales y convencerlos a desistir en su
propósito.
Sugerirles
esperar las elecciones siguientes para que recién, despojados de la mínima
observación, puedan ser candidatos.
Similar
mensaje está dirigido a los postulantes. Evitar que una decisión judicial
adversa, perjudique el interés ciudadano.
Importante
es no distorsionar la democracia. Ni defraudar a los electores que exigen
respeto.
Peor,
convertir el cargo en el espacio legal para eludir a la justicia...
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