No es la
primera vez. Se arrastra desde hace décadas. El tiempo pasa y se acrecienta.
Persistimos
en el error y no encontramos solución.
Y es
una de las barreras para avanzar en la ruta del progreso. Los ejemplos abundan.
Alcaldes,
gobernadores regionales, congresistas y, ahora, ministros investigados, que
desempeñan funciones.
Muchos,
en pleno ejercicio, están obligados a acudir a los tribunales para defenderse.
Distraen
así, por completo, la gestión y su compromiso de trabajar por las mayorías.
El
panorama se complica cuando la justicia los sentencia y conmina a dejar el puesto. Trujillo vivió la experiencia.
Tenemos para contarla.
Cuando son
candidatos, ante la pregunta sobre los asuntos judiciales en su contra,
responden no tener impedimento alguno.
Es cierto.
La ley, basada en el principio de presunción de inocencia, permite postular a
los investigados.
También,
nombrar funcionarios y personal de confianza en la administración pública.
Tal
como sucede hoy con ciertos jefes de cartera y trabajadores del gobierno, que
están cuestionados.
El
Defensor del Pueblo planteó prohibir a los sentenciados ser ministros.
Por el
bienestar general: ¿No sería lo más acertado ampliar la propuesta a los
investigados...?
La presunción
de inocencia mantendría validez en todos los procesos judiciales. A excepción de los que incluyan políticos.
Los
interesados en servir, esperarán cerrar sus juicios. Salir pulcros. Y pretender
un cargo.
Aspiremos
a autoridades y funcionarios calificados y confiables. Con ética y valores.
Propio de sociedades avanzadas.
Es un
despropósito. Un absurdo jurídico. Si. Pero, vale. Y mucho, para ordenar la
política y tener el Perú que anhelamos.
Aquí la
explicación. Los antecedentes y la sanción en los delitos comunes, afectan a una
o varias personas.
Si
involucran a quienes conducen el país, nos perjudicamos todos...
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