Los
problemas lacerantes del Perú actual son la delincuencia y la corrupción.
Hacerle
frente a la primera, corresponde al Estado y las autoridades.
La
otra, a nuestro pesar, está introducida en las entrañas de los malos
funcionarios públicos.
Unos
son elegidos por voto popular. Otros, nombrados a dedo confiando en una
capacidad que, a veces, no poseen.
Con
frecuencia, la Contraloría informa sobre actos dolosos cometidos en la
administración pública. En todos los niveles de gobierno.
Desde
la más alejada alcaldía distrital hasta el propio palacio. Nadie se libra.
Aunque
con pasmosa lentitud, el Ministerio Público y el Poder Judicial sentencian a
los culpables por corrupción.
Según
la Constitución, las autoridades sancionadas, pueden ser inhabilitadas en el
ejercicio por un máximo de 10 años.
La
novedad, ahora, es la presentación de un proyecto en el congreso que pretende
aumentar ese período cinco años más.
Para
ello, plantea
modificar el artículo 100 de la Constitución. Con el cambio de ese dispositivo el
plazo se elevaría a 15 años.
El
documento señala que "es imperativo abordar la corrupción con determinación y
adoptar medidas efectivas para prevenir, detectar y sancionar".
Continúa
que la finalidad es fortalecer la lucha contra la inmoralidad, “problema
arraigado en nuestra historia” que afecta a la sociedad.
La
exposición de motivos es certera. Pero, en momentos que el flagelo aparece al
abrir un expediente, hay que ser más drásticos.
No
se puede tener benevolencia a personas que creyeron que el poder que les otorgó
un cargo, fue motivo suficiente para enriquecerse.
Esa es la mentalidad de cierta gente inescrupulosa
que cumple la gestión pública. Con honrosas y elogiables excepciones.
El
sentenciado que regresa al manejo público aprovechará su experiencia para
actuar con más astucia. He allí el peligro.
La
corrupción es un
enemigo implacable. Y, la solución es eliminarla de raíz. No a medias.
Quien
ha defraudado a la ciudadanía por corrupto, debe ser inhabilitado no 10, ni 15
años. Si no, de por vida...
