En más de 200 años de vida republicana, nunca pasó algo similar.
El fallecimiento de una extrabajadora
del Congreso abrió la puerta, de par en par, sobre la presunta existencia de
una red de prostitución al interior.
Transcurrido más de mes y medio del luctuoso
suceso, nada está claro.
Y, cuando se suponía que los
legisladores serían los primeros en colaborar para esclarecer el hecho, ocurre
todo lo contrario.
Hace unos días se emitió un comunicado
indicando que el móvil del asesinato fue el piloto del taxi y no la servidora
congresal.
Peritos en la materia, desbarataron
esa teoría por la dirección de los proyectiles. Aparte que el chofer carecía de
antecedentes.
La fiscal de la Nación sepultó la
posición del Parlamento diciendo que no está facultado para extraer
conclusiones a base de las pericias.
Explicó
que tal labor le corresponde al Ministerio Público".
"Lo que pueden hacer es recabar y
enviarnos todo lo que recopilen en su investigación", sugirió.
Ellos
están impedidos de analizar los elementos
recabados. "Eso , ante la
Fiscalía es inconducta. Es falta de responsabilidad", acotó.
Otra muestra de intentar esconder los
presuntos hechos, es la denuncia a Juan
Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización.
Un colega suyo lo acusa de
haber asumido "de facto atribuciones de investigación penal, sin recibir
la aprobación del Pleno".
La
demanda fue realizada en momentos que solicitaba se le otorgue la facultad de
investigar el caso.
Burgos
dijo que hay "fuertes aliados" del gobierno y unos miembros de la
Mesa Directiva que estarían entorpeciendo la labor de su comisión.
Resulta
absurdo que siendo los congresistas los más afectados, en lugar de tratar de lavarse
la cara, pongan tantos obstáculos.
¿Cuál
es el secreto que el Congreso oculta a la ciudadanía...?
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