No se trata de ofender a nadie, pero en los últimos tiempos, algunos políticos están desacreditados en el Perú.
Martín Vizcarra y Pedro Castillo fueron condenados la semana anterior. Exgobernadores y exalcaldes están presos o investigados por la Fiscalía.
Dina Boluarte no es la excepción, fue vacada por incapacidad moral debido a su inacción para enfrentar el alto índice delincuencial.
En más de dos años, no hizo ninguna obra emblemática. Sin embargo, tuvo la astucia de auto aumentarse el sueldo, antes de Fiestas Patrias.
Se fue cargando consigo múltiples pesquisas como las muertes en las protestas, el “Cofre”, desactivar el Eficcop, el caso cirugías y otros.
Con ese clamoroso déficit y una desaprobación por los suelos, no se ruboriza para pedir al Congreso pensión vitalicia y beneficios de una reina.
Su jubilación oscila entre 15,600 soles que ganaba, como sus antecedores, y los 35,568 que ella misma se aprobó en su gestión.
Quiere un trabajador a escoger con sueldo de 3,700 soles, un auto de uso exclusivo y 150 galones de gasolina al mes. Para pasear donde se le antoje.
Se alucina mantener el seguro privado de salud. No SIS, ni EsSalud, como nosotros. ¿Cambió acaso de clase social…?
Estos privilegios, que deben eliminarse, emboban a muchos que entran a la política, creyendo que el Estado es un botín y ruedan en la corrupción.
La función pública no es equivalente a enriquecimiento.
Es sinónimo de “servir a los demás, no servirse de los demás”. Esa debe ser la primera lección en un curso de capacitación partidaria.
Y hacer repetir mil veces, en voz alta, a los afiliados:
“La preocupación suprema del gobierno es el bienestar ciudadano. Jamás un medio de ventaja personal…”
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