Liberación de terroristas: ¿Actuó bien la justicia peruana...?

Presidente del poder Judicial, ardiente defensor de la decisión que liberó a los terroristas. (Correo).

         
          Nunca, como hoy, se ha desatado una polémica a todo nivel y magnitud por la liberación de cabecillas senderistas.

          Las miradas se centraron en el poder Judicial que tomó la decisión de darles arresto domiciliario por "exceso de carcelería".

          Una expresión que se ha vuelto común, tal como la famosa "carga procesal", que va camino a hacernos batir un récord Guinness.

          Sostienen los jueces del caso que, según la ley, "se cumplió el plazo máximo de 36 meses" y debían salir en libertad.

          Sin embargo, los implicados  no pagaron la caución y todavía falta que sean procesados por el atentado de la calle Tarata en 1992.

          Aún más. La Sala Penal, con el poder que le concede la ley, rechazó extender la prisión preventiva en su contra por el caso Perseo.

          El pronunciamiento, como era de esperarse, contó con la aprobación del presidente del poder Judicial.

          Mientras que el peso de la opinión en contra partió de la ciudadanía y llegó, incluso, al despacho del presidente Vizcarra.

          Aparte de la justificada posición del procurador anticorrupción que calificó la determinación de "infame".

          Similar fue la protesta y el reclamo de los vecinos de Chaclacayo donde se alberga uno de los beneficiados.

          Conste que, desde meses atrás, la policía informó que los domicilios señalados no cumplen con las garantías suficientes.

          Pero. ¿Qué opinan los juristas internacionales respecto al delicado punto del cumplimiento estricto de la ley...?

          "Los jueces no deben estar aislados en una torre de cristal. Tienen la misión de ser gestores de la paz y el orden...", sostiene Armando Grisolia.

          El magistrado español José Martín Pallín es mucho más tajante: "Los jueces no pueden conformarse con ser la boca que pronuncia o repite mecánicamente las palabras de la ley...".

          Continúa: "Si se refugia en el ritual de las togas y los juramentos,  se convierte en una estatua ornamental...".

          "El juez  que solo sabe o maneja las normas legales como un autómata  podría ser sustituido, con ventaja, por un sistema inteligente de tratamiento informático...", acota.

          "Los valores superiores --la justicia, la libertad, la igualdad y el pluralismo-- están por encima de cualquier lectura literal, fría, incluso despiadada, de la ley...", precisa.

          En un sistema democrático, resalta: "Un juez no puede decir que la ley es la ley y hay que cumplirla como si fuera una orden..."

          "Es necesario  integrar, en la vida de cada uno, los sentimientos, los principios y los valores que deben estar presentes  en la aplicación de la ley...".

          Y concluye: "El juez  es algo más que un funcionario o un profesional. Es, en su parcela, un actor político".

          Por su parte, el destacado jurista Abelardo Rossi expresa: "Las consecuencias de aplicar literalmente los términos de la ley son graves, inminentes y de muy oneroso o nocivo cumplimiento..."

          El canciller inglés Juan Lyndhurst, con sentido de humor, decía: "El juez debe ser, ante todo, un caballero. Tener cierta dosis de valor, sentido común y algunos conocimientos de Derecho...".

          Las concepciones están sobre la mesa. En la liberación de terroristas: ¿Actuó bien la justicia peruana...? ¡Usted, tiene la respuesta...!