El espinoso y perjudicial estigma del alcalde de Trujillo sentenciado, nos persigue como nuestra propia sombra.
La autoridad edil, que no tiene ni 6 meses en ejercicio,
recibió condena de un año de pena privativa de libertad suspendida por
difamación agravada.
El
caso ocurrió el 2021. Siendo alcalde de Moche, emitió ofensas en la página web
de la municipalidad, contra la entonces comisaria.
La
Sala indicó que el denunciado tuvo el ánimo de “ridiculizar” a la denunciante,
al referirse a su “aspecto íntimo”.
También, que no mostró arrepentimiento. Ni pidió
disculpas. Por ello, denegó su pedido de reserva del fallo.
La
situación le genera al alcalde antecedentes penales y podría perder el cargo que ocupa.
Durante su efímera gestión, el burgomaestre se
caracterizo por sus constantes exabruptos contra varias autoridades.
Ni sus mismos funcionarios se salvaron y terminaron
renunciando. Se desprendieron como las hojas del árbol que el viento lleva
consigo.
Algunos iniciaron acciones judiciales en su contra que
están en curso.
Fue casi una costumbre suya hablar de corrupción, sin mostrar
pruebas. Ni denunciarla ante los entes competentes.
Este hecho revive el problema que Trujillo padeció el
2020.
Sentenciado en segunda instancia, el alcalde tuvo que dejar
su puesto y entregarlo al sucesor.
Surgió, así como ahora, una figura contradictoria, pues
resulta cumpliendo esas funciones un ciudadano que no fue elegido.
Igualmente, se actualiza la urgente necesidad de reformar
la Ley Electoral para impedir postular a quienes son investigados por la
justicia.
Obviando de plano la presunción de inocencia. Porque aquí
está en juego el futuro de un distrito, provincia, región y el mismo país.
Responsabilidad similar asumen los partidos políticos y
electores que están obligados a pulir sus filtros al máximo.
Sobre aquello que expresamos y luego advertimos que no es
lo correcto, el político británico Winston Churchill, decía:
"A menudo me he tenido que comer mis palabras. Pero,
debo confesar, que es una dieta saludable...".
