Casi medio centenar de congresistas son investigados por consignar datos falsos en sus hojas de vida. (Correo).
Por germinar en el voto ciudadano, los auténticos representantes del pueblo en el más alto nivel de gobierno son los congresistas.
Sobre esa
base, las campañas de los candidatos al parlamento están orientadas a los distintos sectores de
la ciudadanía.
Lástima que,
luego de lograr su objetivo, algunos se desconectan de sus raíces. Aquellas que
los llevaron a una curul.
Peor aún, cometen
acciones reñidas con su función restándole la seriedad, respeto y prestancia que
debe poseer el legislativo.
Este rezago
no es exclusivo de la actual gestión. Anteriores ejercicios parlamentarios
estuvieron teñidos también de sucesos desagradables.
Y, si los
infractores no son ejemplarmente sancionados, como aquel que copió proyectos y
solo fue amonestado, queda una sensación de insatisfacción en el sentimiento
popular.
Hoy mismo, la
comisión de ética del congreso analiza el caso de cuatro legisladores que,
atentando contra la ley electoral, mintieron en sus hojas de vida.
Ellos
falsearon datos u omitieron información obligatoria en los formularos
presentados al Jurado Nacional de Elecciones en los comicios del 2016.
Maritza
García es investigada por referencias irregulares detectadas en sus estudios
secundarios y de maestría.
Se indaga a Clayton
Galván por no respetar el fallo judicial que lo obliga a pagar una deuda
contraída.
Yesenia Ponce
consignó informaciones falsas y Esther Saavedra carece del certificado que acredite
sus estudios del cuarto año de primaria.
Hay más. Contra
lo que la opinión pública imagina, hace poco el JNE reveló que existen otros 42 congresistas con
anotaciones falsas en las mismas hojas de vida.
La mayoría de
acusaciones se vinculan con procesos judiciales, bienes, rentas, estudios
cursados e imprecisiones respecto a lugares y fechas.
Parte del problema
recae en los partidos políticos que, de acuerdo a una controvertida norma,
pronto recibirán dinero del gobierno para subsistir.
Así mismo, de
la actual ley electoral por carecer de un filtro confiable que permita detectar
situaciones polémicas antes de los comicios.
Todo esto
debe servir para anticipar los plazos previos
a la inscripción de postulantes. Así habrá el tiempo suficiente para
revisar los documentos.
Cuidado que incluir
falsedades en el curriculum, que es una declaración jurada, constituye delito
contra la fe pública.
Debido a su
gravedad, según los especialistas en derecho penal, pueden recibir una pena
máxima hasta de seis años de cárcel.
Antes, es indispensable
superar la funesta valla de la inmunidad parlamentaria para que así, los casos
pasen a la fiscalía.
Hasta el
momento, las sanciones de la comisión de ética aprobadas por el congreso, son
demasiado benevolentes.
Eso motiva
que ciertos parlamentarios sigan en el hemiciclo a pesar que adolecen de la
calidad profesional y moral que el cargo exige.
Doloroso para
un país en vías de desarrollo como el nuestro que requiere ser conducido por
gente capaz, honesta y transparente.
Que se despoje
por completo de intereses personales y se proyecte en beneficio de las mayorías
y el progreso del Perú.
Con
congresistas que mintieron solo para lograr un puesto que no merecen. ¿Podemos
confiar en ellos...?
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