El
radical anuncio de la premier ante gremios mineros del sur de Ayacucho, motivó
que Perú hiciera noticia a nivel internacional.
De
manera sorpresiva, anticipó el cierre, en el corto plazo, de cuatro centros
mineros .
Ocurrió,
justo al día siguiente que, en el CADE, el presidente invitara a los
empresarios nacionales y extranjeros a invertir.
Representantes de las empresas afectadas indicaron que
se trató de una decisión arbitraria y apresurada.
Luego de días de tensión que
incluyó pérdidas en la Bolsa de Valores a los consorcios, se pronunció el
Ejecutivo.
En un comunicado señaló que
descarta el "cierre y solicitud de retiro unilateral" de las
operaciones mineras que se ajusten a la ley.
Se espera que esa posición
permita recuperar la confianza de los inversores que auspicia el Estado y pide
a gritos la población activa.
La exportación minera es la
más valiosa fuente de ingresos. Equivale al sesenta por ciento de las
facturaciones nacionales.
En contraposición, los
pueblos aledaños a los centros mineros, sufren un espantoso atraso.
Muchos, ni siquiera cuentan
con los servicios básicos. Por eso, sus reclamos son permanentes. Y, no son
atendidos.
De acuerdo a la legislación
vigente, solo reciben el diez por ciento de canon minero que pagan las
empresas.
Si son varios, se distribuye
entre todos y la cuota se reduce aún más.
El grueso del aporte de los
impuestos mineros que otorga Economía, está dirigido a los municipios de las
provincias y las regiones.
Si deseamos impulsar el
desarrollo de las comunidades del interior, es indispensable redistribuir el
canon.
Y, capacitar a los gestores para
el óptimo uso del dinero.
La solución está a la vista.
Depende del Ejecutivo y el congreso mover las fichas y abogar por su progreso.
Pueblos olvidados por
sucesivos gobiernos merecen un resorte para despegar.
¡El momento es hoy...!
