Contradictorio. Pensando exclusivamente en sus propios intereses, los legisladores aprobaron leyes que ni siquiera debieron debatirse.
Constituye un sucesivo paquete de normas que, al final, terminaron debilitando la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
Varias están relacionadas con la reducción de sanciones o la concesión de beneficios procesales a investigados por delitos graves.
Como el caso de la presencia obligatoria del abogado de la parte acusada en los operativos de allanamiento. Que pulveriza el factor sorpresa.
Juramentado José Jerí como presidente, el congresista Roberto Chiabra solicitó la urgente revisión de esas disposiciones.
Sugiere convocar a representantes del Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.
También a renombrados juristas en derecho penal y constitucional.
El objetivo es abrir un concienzudo debate técnico sobre las implicancias de las denominadas “leyes pro-crimen”.
Por su parte, el premier Ernesto Álvarez, sostiene que dichos postulados, impulsados por el Congreso, deberán ser analizadas "uno por uno".
Hizo hincapié en la normativa que regula el uso de armas de fuego por la policía en situaciones de flagrancia. La cual, consideró, que debe ser "apoyada".
"Eso tiene que ser apoyado porque en este momento las fuerzas armadas y policiales tienen que ser protegidas", manifestó.
Legislativo y Ejecutivo miran en la misma dirección. El problema es que, teniendo el tema sobre la mesa, ninguno se atreve a dar el primer paso.
En situaciones extremas, como la que vivimos, solo queda actuar. No hay que perder el tiempo. Es imprescindible enfrentarlo ahora mismo.
No se le puede otorgar ninguna ventaja a la criminalidad. El delito no descansa, ni perdona en su nefasto pacto con el demonio.
Reúnanse. Debatan. Y supriman esas leyes que jamás debieron existir…
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