Una de las razones del atraso en el interior del país, pese al dinero entregado por el gobierno, son los cargos de confianza.
Se trata de puestos encargados, con excepciones, sin criterio técnico, a ciudadanos que carecen del perfil o capacidad para ejercerlos.
Hace seis años, el Consejo Regional, presidido por Greco Quiroz, aprobó una ordenanza que modificó el Reglamento Interno.
Según su promotor, la norma brinda un mecanismo de control político efectivo a los consejeros en torno a los gerentes y funcionarios.
El escrito debía ser firmado por el gobernador. Quien no lo hizo aduciendo que generaría inestabilidad y era inconstitucional.
Ante la negativa, se presentó una demanda a la Corte Superior de Justicia de La Libertad que les dio la razón.
Llegó otro gobernado y no aceptó el veredicto. Hace poco, la gobernadora Joana Cabrera, firmó el documento y se publicó en El Peruano.
Hoy, los consejeros tienen la facultad de interpelar y censurar a gerentes y funcionarios de confianza que no cumplan su labor.
El consejero Robert de la Cruz, resaltó la importancia de contar con este instrumento legal de fiscalización a un personal que se creía intocable.
Explicó que, luego de la censura, se notifica al gobernador en 24 horas. En 48 horas está obligado a retirarle la confianza y dejar el cargo.
Así, nuestra región se convierte en la abanderada al ser la primera en adoptar, a nivel nacional, un vital elemento de fiscalización, dijo Quiroz.
. En julio del año pasado, un gerente citado por el Consejo, expresó que solo le hacía caso al gobernador y no a los consejeros (?).
Vil ultraje a la ciudadanía y a la democracia, que nunca más se repetirá en esta sagrada tierra de La Libertad…
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