Los congresistas no deben tener inmunidad si se desea luchar contra la corrupción.
Conceptualmente, inmunidad es el privilegio por el cual ciertas personas quedan libres de determinados
cargos, obligaciones, oficios o penas.
La
modalidad nació en la política inglesa y como algunos quisieron aprovecharse, se
le arrebató el sentido absoluto.
Quedó, de esta manera, como una
protección a la libertad personal ante las acciones judiciales de carácter
civil, pero no penal.
En caso que el legislador cometiera
una acción dolosa, el poder Judicial solo informa al parlamento las causas y
sentencias aplicadas.
La inmunidad en su verdadera acepción,
según el jurista Derik Latorre, protege al "cuerpo legislativo como tal,
pero no a sus miembros en particular".
El sistema funciona de maravillas en
las democracias sólidas que, fatalmente, no es el caso del Perú.
Aquí, los congresistas se acogieron a
esta facultad en la interpretación que más les favorece. Utilizan la inmunidad
para todo. Como una coraza.
Surge allí la contradicción en torno a
que quienes representan al pueblo se diferencian de sus electores desde que
ejercen la función.
Por eso, las recientes declaraciones
de Víctor Prado, presidente del poder Judicial, adquieren especial valor.
Él afirmó que los jueces, fiscales y
congresistas tienen muchos beneficios y deben eliminarse en el momento de ser
juzgados.
Añadió que es necesario suprimirlos
porque “todo funcionario público que comete un delito tiene que enfrentar la
justicia…”
Es la primera vez que un alto representante
de la legalidad en el país se pronuncia en términos tajantes sobre este
delicado tema.
Coincide así con el sentimiento de las
mayorías que observan con estupor como legisladores y funcionarios se refugian
en la inmunidad.
Peor aún, en una época como la actual
en que, a raíz de los audios de la vergüenza, se corrió el velo de la
corrupción en el ámbito del derecho.
Prensa Virtual Trujillo ll, concordó con las palabras de
Prado a través de artículos editoriales publicados con anterioridad.
En la nota del 28 de julio último, “Mensaje
presidencial: Compromete voluntad popular”, señalamos que el referendo debió incluir la anulación de la inmunidad.
El mandatario recibió el respaldo
popular solo invocando liquidar la reelección de los parlamentarios.
Sin embargo, si agregaba que se
desprendan de esa prerrogativa, cerraba su discurso haciendo historia.
Mucho antes, el viernes 20 de abril,
con el título: “En tiempo de corrupción: Privilegios para nadie”, indicamos que
el beneficio debe derogarse.
Lo expresado entonces se corrobora con
el trascendental pedido del presidente del poder Judicial.
Tanto los congresistas, como los altos
funcionarios del gobierno, desempeñan labores que podrían prestarse a cometer
algún desliz.
Tal como lo evidencian los audios que aparecen
cada día con nuevos protagonistas.
Existen incluso casos de representantes
de la ley comprometidos en las grabaciones que no pueden ser detenidos por
gozar de ese blindaje.
Esto raya en lo insólito. Todo por
atribuciones concedidas a personas que pudieron calificarse de incólumes, pero
defraudaron al pueblo peruano.
Porque, si se desea luchar de verdad contra la
corrupción, no debe haber inmunidad para nadie…
