Uno de los más graves problemas que afrontan ciertos congresistas, en los últimos años, es la falta de preparación para ejercer el cargo.
Para superar ese difícil escollo, imitando a otros países con nula o mínima corrupción, se creó el financiamiento del Estado a los partidos políticos.
Tiene la finalidad de elevar el nivel de competencia y compromiso de los agremiados antes y durante su permanencia en el hemiciclo.
De esta manera tendrían una formación básica evitando yerros garrafales como los que están acostumbrados a cometer.
Cada partido recibe dinero calculado en función de los votos y el número de congresistas con los que ingresó al parlamento.
Ya en actividad, algunas bancadas pierden miembros a causa del transfuguismo. Pero siguen recibiendo la cantidad inicial.
La idea es positiva. Sin embargo, en la práctica, es totalmente desvirtuada por los conductores de los partidos.
En la mayoría de los casos la plata queda en su poder o se utiliza en alquilar locales, adquirir artefactos, utensilios y minucias.
Otros, dan gratificaciones, viáticos, pagan viajes y gastos en cualquier cosa, menos en preparar a los asociados.
Mientras tanto, los novatos legisladores, que emergen por la fragilidad de la ley electoral, se pierden en las tinieblas.
En ese confuso marco, el Estado entregará hasta julio del 2026 casi 78 millones de soles financiando a los partidos.
Si no cumple su objetivo, la subvención debe ser modificada o eliminada.
Hace poco, en la Encuesta sobre Percepción de Corrupción de Proética, el 85% calificó al Congreso como la institución más corrupta del país.
Una millonada, que debió tener mejor fin, regalada al ente más corrupto del Perú. ¡El dinero de todos no puede malbaratarse tan fácil…!
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