Opinión en redes de los congresistas: “Ladrones": ¡Duras críticas en su flamante plataforma virtual…!

                               Plataforma en Kick del Congreso en las redes.

Luego de escuchar a los candidatos en visitas y mítines, los ciudadanos eligen a sus favoritos con la esperanza de ser bien gobernados.

Son juramentados, con todos los honores, aunque tengan docenas de investigaciones y no vuelven a verlos.

Pierden todo contacto con ellos cuando quisieran conversar y recordarles cumplir sus promesas. Se cierran los canales de diálogo.

Insólito en una época de comunicación instantánea, como la que vivimos.

Hace unos días, el alcalde de Ate, Franco Vidal, se reunió con el presidente del Congreso José Jerí y le lanzó un reto público.

Le aconsejó que el Legislativo inaugure una plataforma virtual para informar su trabajo y conocer la opinión de los ciudadanos.

Gustoso y optimista, Jerí aceptó y autorizó entre el voluminoso personal del hemiciclo, incorporar en Kick una ventana de trasmisiones en vivo.

Consideró que así ampliaba la presencia digital del Congreso con un canal oficial en un espacio popular entre jóvenes y creadores de contenido.

Explicó que la iniciativa busca "informar mucho más de cerca a la población" utilizando entornos digitales modernos e interactivos.

Un post en la red social X hizo el anuncio. Sin embargo, no funcionó como se esperaba. Nadie imaginó el resultado.

El portal del Congreso comenzó a recibir una lluvia de imprevistos insultos, críticas y reclamos en vivo y en directo.

Los comentarios expresaban gran descontento y cuestionaban su labor e ingresos. Uno de los primeros mensajes captados y repetidos fue “Ladrones”.

Otros: "Ahora quieren robar en Kick”, “Vienen a robar hasta en Kick, es el colmo”, “No les basta vivir de mis impuestos, también quieren lucrar con mis vistas, malditos”.

¿Se animarán Boluarte, los ministros, gobernadores y alcaldes abrir sus propias plataformas en las redes sociales…?

 

 

 

 

Jubilados de la ley 20530 morirán en la miseria: ¡Quisieran tener la misma suerte de los trabajadores CAS…!

  

  Trastabillan al caminar. Tienen la mirada perdida y desdibujada la sonrisa.

          La semana que se fue, el pleno del Congreso aprobó extender a los trabajadores CAS el derecho a gratificaciones y CTS.

Así, puso fin a lo que calificó como un “trato laboral discriminatorio”.

Antes, la moción fue consensuada por las comisiones de Trabajo y Presupuesto que, de inmediato, dieron el visto bueno.

     El beneficio establece una gratificación respectiva en julio y diciembre

 equivalente a una remuneración mensual.

A su vez, la Compensación por Tiempo de Servicios será calculada en base al 100% de la remuneración mensual por cada año de servicio.

El dictamen contó con las opiniones favorables del Ministerio de Trabajo, Servir, la Defensoría del Pueblo y la CGTP. ¡Todos…!

Sostiene que atiende la “precariedad y desigualdad” en los regímenes remunerativos dentro del sector público.

Felicitaciones y provecho a los trabajadores CAS. Estamos seguros que ustedes no pasarán la desgracia de los cesantes y jubilados de la Ley 20530.

Aquellos que, al término de su relación laboral estable con el Estado, recibieron mucho menos del 50% de Compensación por Tiempo de Servicios.

A los que cada año les aumentaban 20 céntimos para que, al alcanzar los mil soles, los despojaran por completo del bono del FONAHPU.

Quienes utilizan los 300 soles de Navidad y Fiestas Patrias en cubrir la canasta familiar y comprar algún remedio casero para aplacar sus males.

Esos adultos mayores que padecen para conseguir una cita en EsSalud. Sin medicinas y con resonancias, tomógrafos y otros equipos malogrados.

Olvidados. Desprotegidos. Humillados. Sin derechos. Conviviendo con la desigualdad, la precariedad y la miseria.

En el estrecho tiempo de vida que les resta, trastabillan. Tienen la mirada perdida y desdibujada la sonrisa.

El punzante desprecio de los políticos, desvanece gradualmente sus agónicas ilusiones…

         

 

Legisladores no son dueños del Congreso: ¡Uno pidió de asesora a cómplice de golpe de Estado…!

 

Chávez, los legisladores deben respetar los principios de la función pública. (Redes). 

Betssy Chávez está procesada por la Fiscalía como coautora del delito de rebelión por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

Tuvo prisión preventiva y se le solicita una pena de 25 años de cárcel.

Fue excarcelada porque el Tribunal Constitucional anuló la medida al prolongarse fuera del plazo legal. Es investigada en libertad con restricciones.

Lo que llamó la atención fue que, tan pronto abandonó el presidio, intervino el congresista de su misma línea política, Roberto Sánchez.

Con asombrosa celeridad, presentó un requerimiento de personal para contratar a Chávez como asesora de confianza.

Basaba su petición resaltando que es "titulada, tiene maestría y formación profesional".

¿Con tanta facilidad los miembros del Congreso pueden solicitar contratar a una persona cuando se les antoja…? Como si fuera su casa o empresa.

Cada congresista tiene 7 asesores. Que es demasiado para lo que hacen.  Con ella serían 8. ¿Era lícito…? O iba a despedir a alguien.

José Jerí, presidente del Congreso, descartó la aspiración de Sánchez, porque es una congresista suspendida. ¿Y si no estuviera suspendida…?

Resulta contraproducente que quien es procesada como cómplice de un golpe de Estado, sea admitida en el hemiciclo.

Reprobable actitud de Sánchez, leal amigo y seguidor de Evo Morales, que trasluce cómo el fanatismo político podría perjudicar al Legislativo.

Los legisladores no son los dueños del Congreso para actuar y disponer de los puestos a su gusto.

 Esa absurda pretensión evidencia una falta de respeto y una vulneración a los principios elementales en el ejercicio de la función pública.

Los que exigen al congresista, entre otras obligaciones, el compromiso de contar con asesores idóneos, honestos y con valores.

Aquellos que quieran lo mejor para el Perú y su gente…

 

Todos rechazan alza en tarifa de agua: ¡Familias no la pasan tan bien como cree la presidenta…!

 

Cuando una medida afecta a millones no se impone en forma unilateral. (Redes).

          Entre sobresaltos políticos, inseguridad, consorcios fantasmas y el costo de vida, emergió una punzante noticia.

La Sunass, ente regulador del abastecimiento de agua potable, anunció el aumento tarifario por el servicio.

Promueve un decreto del Ministerio de Vivienda que la obliga a realizar el rebalanceo tarifario de las empresas prestadoras.

El primero en levantar la voz de protesta ante un intento que afecta a toda la ciudadanía, fue el alcalde de Trujillo, Mario Reyna.

Envió un oficio a la Sunass protestando contra la absurda propuesta.

“Es injustificado y perjudicial para la economía de los usuarios, cuando muchas familias enfrentan dificultades económicas”, señaló.

Agrega que: “El agua es un recurso vital y un derecho fundamental. El Estado reconoce a toda persona acceder a ella en forma progresiva y universal”.

“El acceso al agua no debe estar condicionado por aumentos tarifarios que no van acompañados de mejoras en la calidad del servicio”, sentenció.

          Por su parte, el presidente del Directorio de Sedalib, Frank Sánchez, expresó su desacuerdo con el posible incremento tarifario.

En la reciente audiencia pública virtual, defendió la posición de la empresa y denunció que no hubo intercambio de información con la Sunass.

Lógico. Cualquier medida que comprometa a millones de personas, no puede imponerse de manera unilateral.

Exige análisis previo. Diálogo alturado. Primordiales en democracia. Ver la coyuntura. E intuir el impacto que tendría en la colectividad.

A pesar de la estabilidad económica y las reservas internacionales, gracias al BCR, millones sufren con la canasta familiar.

No es como cree la presidenta, quien vive en una burbuja.  Lejos del temor al salir de casa o la duda antes del mediodía: Y ahora. ¿Qué cocino…?

 La ciudadanía apoya el reclamo de las autoridades. ¿Nos escucharán…?

 

Tres poderes enfrentados por un ministro: ¡Debido a equivocada designación en cartera de Justicia…!

                            S

                          

Santiváñez, un ministro con suerte. (Redes).

            Si le preguntaran: ¿Cómo desearía que sea el perfil de las autoridades a elegir el 2026…? ¿Qué diría…?

Que sean los mejores ciudadanos, competentes, con principios morales y de palabra. Que cumplan sus promesas.

Meritocracia es la forma de gobierno en la que la sociedad es conducida por profesionales calificados. Libres de sospecha.

Privilegia las virtudes, las habilidades, el esfuerzo, el desempeño y los valores, encima de cualquier interés particular.

El objetivo es crear un entorno justo donde el éxito de quienes dirigen dependa de la capacidad individual en beneficio de las mayorías.

Hace una semana, Dina Boluarte sorprendió nombrando como ministro de Justicia a José Santiváñez.

El elegido, desempeñó antes el ministerio del Interior y fue obligado a dejar el puesto tras ser censurado por el Congreso.

Para tenerlo cerca, se le creó un organismo de coordinación con todos los ministerios. Cinco meses después, vuelve en otra cartera.

Soporta ahora una mochila con doce investigaciones fiscales por presuntos delitos ocurridos siendo ministro del Interior.

Hace unos días, ya en ejercicio, la oficina de su socio Percy Tenorio fue allanada por la Fiscalía, por un caso vinculado al hermano de la presidenta.

Los ministros lo aprueban. Aunque ciertos congresistas consideran inconcebible que un ministro censurado retorne al gabinete.

Olvidan que en julio del año pasado hubo un proyecto para que esta figura no se repita. Pero, como no era para aumento de sueldo, se encarpetó.  

Yarrow pide que se debata la iniciativa que los ministros censurados debido a su incompetencia por el Congreso, no vuelvan a ser escogidos.

Málaga, que el premier Arana explique el nombramiento de Santiváñez.

          Tres poderes enfrentados y distraídos en el desliz de una designación presidencial, pese a urgentes temas que atender contra la inseguridad…

Guardar pruebas, no salir y sin inmunidad: ¡Últimos recursos para investigar a presidentes denunciados…!

La justicia debe aplicarse sin excepciones. (Redes).

            El Tribunal Constitucional suspendió todas las investigaciones iniciadas contra Dina Boluarte hasta el final de su mandato.

Aceptó así, la demanda competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Ambas entidades sostienen que un presidente puede ser investigado en materia penal durante el ejercicio del cargo.

Según este criterio, la mandataria tenía abiertas varias investigaciones por las muertes en las protestas, los casos Rolex, el cofre y otros.

Sobre el veredicto, unos creen que es importante para proteger la imagen presidencial. Otros, que podrían borrarse las pruebas.

La expresidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma, expresó su total desacuerdo con el fallo. “El tribunal está blindando la impunidad”, dijo.

“Toda investigación tiene que darse con oportunidad. El TC trabaja a favor de la impunidad. Esta decisión afecta la lucha anticorrupción”, anotó.

El abogado de Dina, opinó que ella es la menos beneficiada. Boluarte, que deja un legado en defensa de la figura presidencial. ¿Es cierto…?

No hay marcha atrás. El dictamen está cerrado. Queda ahora adoptar acciones para evitar algún signo de favorecimiento.

Las indagaciones en curso, evidencian que existe sospecha de supuestos actos ilícitos que no merecen desaparecer.

Es imperativo guardar las pruebas bajo cuatro llaves. Sacar copias y distribuirlas en distintos entes judiciales. Se puede perder una, pero no todas.

Impedir que, al término de su gestión, Boluarte salga del país. Dictarle impedimento de salida e iniciar las investigaciones, el 30 de julio del 2026.

El Congreso no debe prestarse a otorgar ningún período de inmunidad a la presidenta al dejar el poder.

Ser precavidos al extremo. Acabar con los prófugos, tan comunes en nuestro medio.

No hacer justicia, es perdonar al responsable y vapulear a los peruanos. ¡Tantas veces burlados…!

 

 

Vizcarra, el cuarto inquilino de la cárcel: ¡Patético destino de los últimos expresidentes del Perú…!

:Vizcarra, Humala, Castillo y Toledo. Los cuatro ases. (Composición Perú21).

         El expresidente Martín Vizcarra está internado en el penal de Barbadillo, desde la semana pasada, por orden del Poder Judicial.                :

          Luego de varias postergaciones, aceptó el pedido del Ministerio Público mientras investiga los casos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

Permanecerá cinco meses en calidad de prisión preventiva. Uno menos del lo solicitado.

El exmandatario es acusado, presuntamente, de recibir dos millones 300 mil soles en sobornos por parte de empresas constructoras.

Ocurrió durante su gestión como gobernador regional de Moquegua entre el 2011 y 2014.

El juez Jorge Chávez indicó que se cumplían los requisitos para la medida, como el riesgo de fuga y la obstaculización de la investigación.

Vizcarra es investigado como presunto autor del delito de cohecho pasivo propio, en la licitación de las obras realizadas.

Seguidores dicen que es un exceso. Expertos. que es justa y esperan que en ese corto tiempo sea emitida la sentencia de 15 años que pide la Fiscalía.

          Hace un tiempo, Vizcarra anunció su pretensión de postular a la presidencia en los próximos comicios.

Incluso formó su propio partido político. Pero, fue inhabilitado por el Congreso. Insistió y acudió a instancias internacionales.

          En SATÉLITE, hace años, mantenemos el anhelo que futuros candidatos a cargos públicos estén exentos de investigaciones judiciales.

          Desde el momento que Vizcarra ingresó como inquilino al penal, se convirtió en el cuarto expresidente tras las rejas.

          Comparte celda con Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo.

          Se confirma así el fatídico destino de los últimos exmandatarios que, claudicando a sus principios, defraudaron a la ciudadanía.

Estas severas sanciones deben servir de advertencia a las actuales y nuevas autoridades y funcionarios para proteger y respetar la función pública…